La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha vuelto a pedir al Gobierno, esta vez a la Consejería de Derechos Sociales que preside Noemí Santana, que elimine el gasto superfluo y destine el los recursos económicos a reforzar la plantilla que atiende a los menores que tutela que son quienes más complicado lo tienen para salir adelante y más aún tras la crisis económica provocada por la pandemia y el empobrecimiento general de las familias.
La diputada ha señalado que según denuncian los trabajadores del comité de empresa de Derechos Sociales, en la provincia de Las Palmas, hay 1.800 menores tutelados y solo 20 técnicos para atenderlos, lo que supone que “cada trabajador debe encargarse de la atención de 200 menores. Para Espino esto “es algo inasumible de abordar”.
En este sentido, ha recordado que, en el reciente debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, presentó una propuesta de resolución para reforzar la plantilla del servicio de protección de menores pero Santana votó en contra, algo inexplicable ya que según los propios trabajadores de la Consejería, solo en el último año se han abierto unos 600 nuevos casos para investigar la situación de menores que podrían ser declarados en desamparo y que pueden estar en riesgo.
Ante este panorama, la portavoz también se ha referido a la noticia que conocíamos hace unos días de un menor de 14 años en desamparo en la isla de Tenerife, que llevaba tiempo sin ir a clase y que fue localizado en una infravivienda donde llevaba varios con fiebre, tan débil que no podía caminar y deshidratado. Fue localizado y trasladado al hospital. “No se puede llegar a este punto para actuar cuando el menor está a punto de perder la vida y de ser trasladado al hospital”, ha lamentado.
Menores extutelados
Igual de grave es la situación de los menores exutelados. La diputada ha hecho referencia al reciente reportaje de Daniel Tovar que “nada tiene que ver con esos programas ideales” que describe la consejera Santana. “Los chicos cuentan que les ofrecen un piso que se llama de emancipación durante un año, de los 18 a los 19, y que en ese tiempo tienen que encontrar un trabajo”. Es decir, les obligan a dejar los estudios para encontrar un trabajo cuanto antes.
Eso mismo fue lo que le contaron los propios menores a Espino cuando visitó uno de los centros. “A los 18 años el sistema se los quita de encima y son las propias ONG la que en algunos casos pueden ir colocando a algunos de estos chicos”, ha denunciado la portavoz que ha insistido a la consejera para conocer “cuál es su plan y cuáles son las alternativas que se les ofrece a los menores migrantes que están a punto de cumplir 18 años cuando tenga que salir a la calle en una tierra con más de un 50% de paro juvenil”.
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