Una delegación del colectivo ciudadano Salvar Agaete, Sin Macromuelle será recibido el próximo día 20 de febrero por la Comisión Europea para solicitar un proceso de revisión
del proceso de financiación del proyecto de ampliación del MacroMuelle de Agaete que está presupuestado con cargo a los fondos FEDER.
Siguiendo la estrategia jurídica para la paralización del proyecto, y tras haber sido presentada y aceptada a trámite una petición de revisión del proyecto en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cuatro miembros de la plataforma ciudadana se desplazarán el día 20 de febrero, miércoles, para reunirse con la Dirección General
Regional de la Comisión Europea, encargada de gestionar y procesar las financiaciones con cargos a fondos europeos de proyectos de infraestructura y con la Dirección General de Medioambiente, designada para liderar las políticas ambientales comunitarias.
En la reunión el colectivo presentará un nuevo estudio de análisis coste-beneficio del proyecto, realizado y refrendado por varios economistas independientes que demuestra la falta deviabilidad económica y social del mismo.
Este análisis, además, servirá para demostrar que el informe presentado por Puertos Canarios para solicitar la financiación a los Fondos FEDER está falseado, no se ajusta a la realidad y fue elaborado con el único objetivo de mostrar una rentabilidad económica y social imposible de justificar con datos y números reales.
Además, se aportarán pruebas de que el proyecto atenta contra la Directiva 2014/52/UE, de evaluación de impacto ambiental, así como la Convención De Aarus sobre el acceso a información pública y transparencia en los procesos de contratación y desarrollo de infraestructuras.
Además, la delegación será recibida por un grupo de Parlamentarios, entre los que se encuentran Marina Albiol, de Izquierda Unida y Juan Fernando López Aguilar, del PSOE.
En este encuentro se discutirá la posible estrategia para la paralización del proyecto a través de las instituciones europeas.
Estas reuniones son fruto del esfuerzo de reforzar la estrategia jurídica a nivel europeo de paralización del proyecto, como continuación de la demanda realizada en España, y con el objetivo de solicitar una revisión de todo el proceso administrativo de un proyecto plagado de irregularidades tanto por parte del Gobierno de Canarias como de la entidad promotora, Puertos Canarios. Los encuentros han sido facilitados gracias al apoyo de Izquierda Unida.
Comisión Europea
Los Fondos Estructurales se ejecutan en régimen de gestión compartida entre la Comisión Europea y los Estados miembros. Así, los Estados miembros son los responsables de la selección, la ejecución y la supervisión de las acciones cofinanciadas con cargo a los fondos regionales europeos, que deben llevarse a cabo al nivel territorial más adecuado y de acuerdo con el sistema institucional de cada Estado miembro.
Aunque, en su último informe anual, las autoridades autonómicas de Canarias comunicaron a la Comisión su intención de asignar fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al proyecto al que se refiere su señoría, la autoridad de gestión en España ha informado de que dicho proyecto no ha sido todavía seleccionado formalmente para la financiación con cargo al FEDER y todavía no se ha realizado ningún pago de este fondo.
Por tanto, la Comisión no puede abordar cuestiones hipotéticas.
Por razones de exhaustividad, en caso de que este proyecto fuera seleccionado para su financiación con cargo al FEDER, la autoridad de gestión se encargaría de garantizar que la ejecución del proyecto es conforme con el Derecho de la Unión.
De manera más general, en un régimen de gestión compartida, los Estados miembros son responsables de la prevención, la detección y la corrección de las irregularidades, mientras que la Comisión tiene, entre otras, la facultad de efectuar verificaciones y, en caso de que los gastos de una solicitud estén relacionados con una irregularidad que no haya sido corregida, la facultad de suspender pagos.
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