El TSJC rechaza el mantenimiento del toque de queda en Canarias

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado el mantenimiento del toque de queda en el archipiélago y el cierre perimetral con la limitación de entrada y salida de personas en aquellas islas que estén en los niveles 3 o 4 de alerta por coronavirus.

Asimismo, ha ratificado la limitación de un número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado tanto cerrados como al aire libre, según ha informado el TSJC. La Justicia Canaria, en la misma línea que la del País Vasco, ha sentenciado que no existe cobertura legal con el decaimiento del estado de alarma para que, en este caso el Gobierno canario, establezca medidas que limiten la movilidad de las personas, como el toque de queda.

El Gobierno de Canarias anuncia que interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto de hoy del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Esta es la acción legal en la que ya trabaja el Gobierno regional tras serle notificado el mencionado auto del TSJC, en el que se ratifican solo algunas de las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno del pasado jueves con la intención de controlar la pandemia de la COVID-19 en las Islas.

Tras un primer análisis del auto en cuestión, el Ejecutivo autonómico interpreta que las medidas anti COVID publicadas este viernes en el BOC pueden seguir teniendo vigencia, debido a que el auto no es firme y por tanto su contenido puede ser revisado por el Tribunal Supremo. Si no fuera así, el Gobierno adoptaría de inmediato las decisiones que en ese caso fueran procedentes.

El Gobierno de Canarias espera que el Tribunal Supremo adopte una línea común tras autos de distinta índole en varias comunidades autónomas. En algunas de ellas, se ratificaron medidas similares a la canaria como el toque de queda.

El Ejecutivo regional valora, no obstante, que el auto del TSJC dé conformidad legal a algunas medidas, entre ellas las relacionadas con la limitación del número máximo de personas no convivientes.