Y decimos que es lo mínimo, porque en realidad la lista de agravios no hace sino aumentar día a día.
Así, no basta más que observar el trato que roza en la tacañería respecto a los salarios. También la sobrecarga de agendas, que, lejos de solucionarse, cada día empeora más, deteriorando a ojos vista la atención a nuestros pacientes e incidiendo en la propia salud de los trabajadores. No digamos ya la tercermundista atención urgente en hospitales como los del Hospital Insular, por citar uno muy conocido, pero no el único. O también la deprimente situación para pacientes y médicos del estado de las infraestructuras del Hospital Materno.
A esto se suman agravios en el reconocimiento de la profesión, devaluada por todos los responsables políticos aquí y en Madrid. El hartazgo es desbordante y las innumerables pegas -la primera de todas es la rocambolesca situación de desconocimiento del estado real de las plantillas, que llega al punto de que ni ellos saben qué plazas tienen ni dejan de tener-, que pone el presidente Ángel Víctor Torres para asegurar la estabilización de todos los compañeros que cumplen los criterios de la ya mencionada Ley 20/2021, ha sido la última de las gotas que ha hecho rebosar el vaso de la paciencia de un colectivo que lo ha dado todo en los peores momentos de la pandemia, pero también antes y después.
Absolutamente toda la culpa de los problemas de atención sanitaria que puedan provocar nuestro legítimo derecho al ejercio de la huelga, la tiene el Presidente del Gobierno de Canarias, D. Ángel Víctor Torres Pérez. Debió liderar desde el primer momento este proceso complejo de estabilización y lo ha dejado en manos de cambiantes direcciones del SCS. Así nos va, y peor nos irá.