El pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó hoy pedir al Estado que retire la reforma laboral de 2012 que pone en peligro el futuro de las pensiones, aumenta la tasa desempleo, la más elevada de Europa, favorece contrataciones con salarios bajos y reduce los ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social.
La moción presentada por el grupo de Gobierno expone que las recientes reformas laborales en España han colaborado al déficit de la Seguridad Social, sobre todo después de que el Estado vaciara el Fondo de Reserva de las Pensiones para afrontar los gastos que no cubren las cotizaciones.
El texto recuerda que en 2011 el fondo de reserva superaba los 66.000 millones de euros que aseguraban unas pensiones dignas y actualizadas, con arreglo al Índice del Precio al Consumidor (IPC) anual y garantizaba unos Servicios Sociales de calidad y la Atención a la Dependencia.
Cuatro años más tarde, después de aprobar la Reforma Laboral, el déficit de este organismo llegó a 16.707 millones de euros y el fondo bajó hasta 13.500 millones de euros al inicio de 2017 que según las previsiones puede acabar en números negativos.
Esta pérdida de ingresos se debe, apunta el texto, a la disminución de las cotizaciones por la elevada tasa de desempleo y la tendencia negativa del aumento de contratos temporales, sobre todo en el sector servicios y la agricultura propiciados por algunas medidas del gobierno ofrecidas en forma de ventajas al empresariado y emprendedores, como las bonificaciones o tarifas planas.
Estas medidas, el Estado las vende como “ayudas a la contratación” que también salen de la “hucha de las pensiones” aprobadas al mismo tiempo que la Ley 23/2013 del Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones que establece que pueden subir menos que el IPC anual.
Las cifras de las pensiones
En España, cerca de la mitad de las casi 9,5 millones de pensiones están por debajo del salario mínimo interprofesional de 707,70 euros y de 9.907, 80 euros anuales, el 70 por ciento no llega a recibir 1.000 euros al mes y, en el caso de Canarias, la pensión media de 844,46 euros de los 304.623 pensionistas es inferior a la media estatal de 971,53 euros.
La nueva reforma de las pensiones públicas que prepara el Estado vuelve a favorecer a las entidades bancarias y aseguradoras en perjuicio de la ciudadanía ya que no todos los españoles pueden financiar un ahorro privado para su vejez.
Por todo lo expuesto esta moción del grupo de Gobierno propone pedir al Estado que anule la reforma laboral y los reales decretos ley de las reformas urgentes del mercado laboral por sus consecuencias negativas en el empleo y poner en peligro el futuro de las pensiones.
Así como, anular la Reforma de las Pensiones y del Índice de Revalorización de las Pensiones y el artículo que aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social sobre el factor de sostenibilidad para garantizar que la pensión suba como cada año como mínimo el índice del IPC.
Por último, el grupo de Gobierno solicita que la ley establezca que las pensiones para la unidad económica unipersonal o con un cónyuge que no dependa del titular no estén por debajo del salario mínimo interprofesional y crear otras vías de financiación como los impuestos a cargo de los beneficios empresariales, al patrimonio y a las rentas más altas e incrementar la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal.
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