El Pleno del Cabildo de El Hierro, reunido en la tarde de ayer lunes, 9 de noviembre, aprobó una declaración institucional en relación al debate suscitado en la opinión pública canaria entorno al reparto de los fondos del Impuesto General de Tráfico de Empresas. El acuerdo fue adoptado por mayoría absoluta, con la única abstención del consejero del partido Podemos.
En esta declaración se recuerda que las Islas Canarias requieren de un impulso especial para la creación de empleo e inversión, que promuevan el desarrollo del Archipiélago de manera equilibrada y sostenible.
“La específica naturaleza de nuestras islas –recoge- suma a los hándicaps que representan nuestro alejamiento e insularidad los mayores problemas de desarrollo que soportan las islas periféricas, que ven lastrado su crecimiento económico, sufren un diferencial negativo en el nivel de bienestar y una marcada tendencia en alguna de ellas a la pérdida de población”.
En ese esfuerzo de todos, se ha de reconocer el papel histórico de los Cabildos, parte esencial de más de 100 años de historia de Canarias y siempre con una aportación relevante para la inversión, la formación y el empleo insulares, manifiestan.
Tal y como aprobó el Cabildo herreño, el aumento de los recursos que provienen de la eliminación completa por parte del Estado de la compensación del extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas representa una oportunidad para avanzar en ese objetivo de equilibrio inversor y creación de oportunidades de empleo, apuntalando el papel de los Cabildos Insulares como dinamizadores de la economía insular.
Por ello, los consejeros y consejeras herreños reiteran la necesidad de “desplazar el debate sobre la titularidad de esos fondos adicionales obtenidos por la no compensación del extinto IGTE para insistir en la oportunidad que representan para desarrollar sendos programas de desarrollo insular, del empleo y de la inversión, financiados con el importe de la totalidad de dichos fondos”.
El Pleno acordó proponer el carácter plurianual de dichos programas, acordados conjuntamente con el Gobierno de Canarias, que permita un impulso sostenido del empleo en cada isla. Así, los programas deberían tener una duración de diez años, con evaluación de ejecución anual y de impacto quinquenal.
A su entender, los cabildos se encargarán de la ejecución de dichos programas de desarrollo insular, del empleo y de la inversión en coordinación con los municipios de cada isla, de forma que ayuden a la cohesión territorial y al empleo local.
Por último, en la declaración institucional aprobada se afirma que “la financiación de dichos programas se atenderá a la especial situación de las islas periféricas, así como al nivel de desempleo que cada isla soporta. Para atender a estos objetivos, se propone que el 90 por ciento de los fondos aportados se distribuya según la proporción de la representación política que cada isla tiene en el Parlamento de Canarias y el 10 por ciento restante en función del número de parados de cada isla”, con lo que se refuerza la postura ya aprobada por parte de 6 de los 7 presidentes insulares en el seno de la Federación Canaria de Islas, FECAI.
A su vez, el Pleno acordó demandar que en los nuevos criterios de reparto del Régimen Económico y Fiscal (REF) se tengan en cuenta los costes de la doble insularidad, que afectan de lleno al desarrollo socioeconómico de las islas no capitalinas.
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