El Gobierno de Canarias se une hoy a la conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una jornada para promover los derechos fundamentales de todos los consumidores, para exigir que estos derechos sean respetados y protegidos, y para protestar contra los abusos del mercado y las injusticias sociales.
Cada año se elige un tema específico y en el presente 2017 la información que recibiremos estará basada, primordialmente, en los "Derechos de los consumidores en la era digital".
Se ha querido llamar la atención sobre el hecho de que el 40% de la población mundial está en línea, en comparación con sólo el 1% en 1995. El rápido crecimiento de Internet, teléfonos móviles y otras tecnologías digitales ha creado oportunidades y desafíos para millones de consumidores en todo el mundo.
Mientras que los consumidores, sin duda, se benefician de las oportunidades que ofrecen estas tecnologías, se trabaja desde las instituciones para que se mejore la calidad de los servicios, y para garantizar la privacidad de los datos que se comparten en línea, de forma que los derechos de los consumidores puedan avanzar en relación con el meteórico crecimiento de los productos digitales.
El 15 de Marzo de 1983 fue cuando se celebró por primera vez este día, que supone una llamada de atención a todos los ciudadanos, sobre la idea de que sólo un consumo responsable es bueno, algo por lo que trabajan tanto las asociaciones de consumidores como todos los organismos públicos de consumo en Canarias.... Sin embargo, esta fecha adquirió una fortaleza especial en 1995 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó las Directrices para la Protección de los Consumidores, quedando así los derechos de éstos en una posición de reconocimiento y legitimidad internacional.
La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias tiene entre sus funciones velar porque se cumplan las normas en materia de comercio interior y defensa del consumidor y, para ello, ha desarrollado un decreto que ordena la actividad comercial en el territorio de esta Comunidad Autónoma, protegiendo y conciliando los intereses de los comerciantes y de los consumidores. Se trata de una normativa que supone la regulación de la protección del consumidor y usuario, garantizando, con medidas eficaces, el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos.
El elemento fundamental en defensa de los consumidores son las hojas de reclamaciones. El reglamento canario establece la obligatoriedad para los comerciantes de disponer de hojas de reclamaciones en todos los establecimientos.
El Gobierno de Canarias tramita más de 7.500 reclamaciones cada año. La Junta de Arbitraje gestionó 1.262, el grueso de estos expedientes pasó a la inspección de consumo y un porcentaje fue rechazadas por no cumplir con los requisitos.
Esas reclamaciones derivaron en Canarias, el pasado ejercicio, en 1.262 solicitudes de arbitraje de las que 918 fueron presentadas por consumidores y 344 por las organizaciones municipales o insulares de consumidores (OMIC y OICC).
El aspecto de consumo que más reclamaciones concita es, sin duda, el de las telecomunicaciones, el 74,8% de las presentadas procedían de este sector, específicamente la telefonía. Le siguen, muy de lejos, las reclamaciones contra el servicio de correos (4,3%), las eléctricas (1,5%), la reparación de automóviles (1,4%), las tintorerías, agencias de viaje, muebles, ropa, enseñanza, reparación del hogar y otros como seguros, financieras, agua, sanidad, etcétera.
La Junta Arbitral de consumo dictó finalmente 791 laudos por una cuantía media de 894 euros. Se estimaron el 60% de las reclamaciones presentadas, se desestimaron 188, el 23,8%, y fueron consideradas parcialmente el 16,8%.
Acción inspectora.
Por otra parte, El Gobierno de Canarias cuenta con un servicio de inspección e instrucción de consumo que en los dos meses y medio de este año 2017 ha desarrollado 370 acciones de inspección de comercios, 434 inspecciones de consumo y, de ellas, se derivó el levantamiento de 67 expedientes ante posibles infracciones.
Uno de los aspectos que controlan los inspectores es que la información que llega a los consumidores a través del etiquetado obligatorio cumpla con la normativa dictada por la Unión Europea.
Desde el pasado 13 de diciembre todos los alimentos a la venta en establecimientos de Canarias deben contener obligatoriamente la etiqueta con la información nutricional de los mismos, Se trata de una medida que tiene como finalidad proteger la salud de los consumidores y garantizar su derecho a la información.
Esta norma mejora el etiquetado en todos los productos, envasados y no envasados, para que proporcione información útil, legible y comprensible, y su objetivo es asegurar que los consumidores tomen decisiones con conocimiento de causa y utilicen los alimentos de forma segura, teniendo especialmente en cuenta consideraciones sanitarias, económicas, medioambientales, sociales y éticas.
Entre los aspectos que deben etiquetar los industriales del sector alimentario a la hora del envasado se encuentran el valor energético, las grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcar, proteínas y sal de los productos envasados.
El reglamento comunitario fue aprobado en 2011 y se aplica desde finales de 2014 por lo que la gran parte de la industria se ha adaptado a esta normativa en los últimos años y la medida no ha sido percibida de manera especial por los ciudadanos, pero sí tiene incidencia en el trabajo de inspección que realiza el Gobierno de Canarias a través de las Consejerías de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento (Dirección General de Comercio y Consumo), y los departamentos de Sanidad y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (a través del ICCA), que son los organismos de la Comunidad Autónoma que se encargan de velar porque se dé cumplimiento a las normas de etiquetado de los productos alimentarios a la venta en Canarias.
Rebajas
Con el inicio del presente año 2017 se produjo otra novedad en el ámbito comercial. El Gobierno de Canarias, por primera vez, y de acuerdo con las leyes en vigor, no fijó un periodo determinado de rebajas. Esto significa que ahora son los comerciantes los que deciden libremente cuando aplican sus rebajas de precio, promociones y descuentos.
Sin embargo, desde La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias se recuerdan habitualmente los derechos y deberes en este sector y, específicamente, cuando se ofrecen estas acciones comerciales especiales, que implican una reducción en los precios pero no una disminución de los derechos de los consumidores.
En este sentido, es importante que se conozca que todos los productos tienen una garantía de dos años y que los establecimientos están en la obligación de aceptar la devolución si alguno de ellos tiene un defecto.
Cita previa
Otra de las novedades en materia de consumo ha sido la implantación de un servicio de cita previa para atender a los ciudadanos. Esto ha permitido la ordenación de las acciones del departamento y la organización de los tiempos de trabajo al tiempo que se ofrece a los usuarios una atención de calidad. Los consumidores que deseen presentar una reclamación o realizar alguna consulta deben ponerse en contacto con el teléfono de atención telefónica del Gobierno de Canarias, el 012, donde se les facilitará una cita para acudir a los servicios de consumo con el fin de que puedan realizar sus gestiones con total comodidad