"El Gobierno de Canarias consolida la desprotección de los niños y los adolecentes en la provincia de Las Palmas"

Tras la entrada al gobierno en calidad de Presidente de D. Angel Victor Torres, la Consejera Dña Noemi Santana Perera, la Viceconsejera Dña Genma Martínez Soliño y la Secretaria General Técnica Dña Marlene Santana Rodríguez deciden paralizar aún más la gestión

La Consejería de Derechos Sociales, a pesar de contener departamentos pertenecientes al sector prioritario o esencial de la Administración, no dota presupuestariamente plazas descritas en la RPT, no cubre las plazas vacantes por jubilaciones y no ha estado realizando todas las sustituciones por bajas médicas y licencias, produciendo con ello un aumento de listas de espera de usuarios, un retraso considerable en las tareas importantes a realizar y un aumento de estrés en los trabajadores por las cargas de trabajo inasumibles.

SERVICIO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE MENORES

El número de menores detectados con necesidades graves de protecciónque la Dirección General en la actualidad tiene a su cargo en la provincia de Las Palmas son unos 1850 (unos 800 menores se encuentran acogidos en familia extensa, unos 200 están acogidos en familia ajena y unos 650 menores se encuentran en Hogares de Protección) y este número de menores tienen asignados tan sólo a 20 técnicos de la D.G. para tomar decisiones sobre su protección, educación y seguimiento.

A lo largo del año se han abierto unos 600 casos nuevos a investigar e instruir por tan solo 3 trabajadoras (unos 120 requirieron declaración de desamparo y el resto continuar con declaración de riesgo o con acciones socioeducativas puntuales).

Existe un retraso en la declaración firme de situaciones de desamparo y en la revisión de contratos con las familias acogentes, como mandata la nueva Ley de modificación del sistema de protección, de más de 1.600 expedientes/menores por falta de técnicos, de juristas (sólo hay dos y si se pone de baja no se sustituye) y de administrativos (unos 170 expedientes/menores están pendientes de emitir la resolución de declaración de situación de desamparo del menor y a continuación realizar el contrato con la familia acogente y unos 500 expedientes/menores se han acumulado desde 2011 donde los menores que están en Centro o en Acogimiento tienen un desamparo provisional que todavía no se ha confirmado y muchos expedientes se cierran porque los menores cumplen la mayoría de edad; desde el 2015 hay unos 1000 expedientes que están pendientes de ser revisados porque la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección requiere hacer contratos, actualizar contratos, etc ; contratos que redundan en la posibilidad de atender sanitaria y educativamente al menor por parte del acogente).

Al ser las ratios de los técnicos tan altas, de hasta de 150 menores por técnico, no se puede supervisar adecuadamente el trabajo que realizan las entidades colaboradoras dependientes del Cabildo, que son las que tienen que proponer la revocación del desamparo para que la familia de origen recupere la tutela o, si no es así, proponer la suspensión del permiso especial para que el menor regrese al Hogar de Protección (ya que antes de la reunificación familiar de menores que residen en Hogares de Protección, se les concede un permiso especial con la familia de origen pero, sucede, que muchos llegan hasta la mayoría de edad sin habersele revocado el desamparo, por lo que el Hogar, sin el menor, ha podido estar cobrando hasta tres años su manutención y la familia no ha recibido ninguna ayuda económica).

ESCUELAS INFANTILES

En Las Palmas (4), con personal sobrecargado porque no se producen sustituciones inmediatas y pueden pasar semanas o meses hasta que se cubran con el consiguiente problema para poder atender a los menores y que se ha dado en alguna ocasiones mandar a los menores a su casa por no cubrir las bajas ,

La ausencia de personal para atender a los menores ha dado lugar a al aumento el número de bajas por patologías musculoesqueléticas. Las instalaciones en algunas Escuelas son antiguas y dificultan la realización de las actividades ya que las obras de mejora no han tenido en cuenta que los usuarios son menores de 3 años. Las educadoras se ven obligadas a realizar trabajos o proyectos fuera de su jornada laboral ya que los niños requieren la observación contínua, además de no poder acudir a citas médicas o asuntos propios dos trabajadoras de la misma categoría a la vez por necesidades del servicio, dado que no hay sustitutos.

Otra consecuencia de la falta de personal es el incumplimiento del protocolo COVID. El personal que se pone de apoyo recogido en dicho protocolo, muchas veces tiene que cubrir las plazas vacantes hasta que estas son sustituidas.

Se está produciendo una merma en los derechos laborales del personal de las EE.II. en lo que respecta a permisos y licencias, como asuntos propios, citas médicas, vacaciones, etc., negadas por necesidades de servicio.

EQUIPO DE VALORACIÓN DE DESAMPAROS

Se constata una situación de crisis/colapso en el funcionamiento de esta área del Servicio, dada la incapacidad para dar respuesta al volumen de demandas existente. A continuación SE EXPONEN las principales dificultades que se han detectado ejemplificando lo que conllevan:

.- Entrada continua de propuestas de desamparo (aprox 6-8 semana), asignación semanal y consecuente incremento desproporcionado en el volumen de las mismas. ( Múltiples recursos que pueden elevar las propuestas de desamparo a la DG)

.- Incremento progresivo en la realización de tareas administrativas ( Mandar a los técnicos a repartir la minuta)

.- Significativo desajuste entre el número de profesionales, sobre todo de trabajadores sociales asignados al equipo y el volumen de expedientes que son asumidos ( no se corresponde el número de técnicos con los expedientes)

.- Carencias continuas en la sustitución de personal ante diversas circunstancias

.- Dificultades significativas, en ocasiones, a la hora de ejecutar las Resoluciones de desamparo

.- Exposición, de las profesionales y menores, a posibles situaciones de riesgo y peligrosidad durante la comunicación de resoluciones de desamparo y ejecución de medidas de protección

.- Incapacidad de hacer frente a las actuaciones legislativas

.- El volumen de propuestas de desamparo asciende a unos doscientos expedientes con diferentes medidas de protección a implementar:

.- Dificultades para contar con los espacios adecuados para la atención a los usuarios y las coordinaciones con los diferentes entes e instituciones

.- Dificultad y casi imposibilidad de realizar formación,

EQUIPO DE FAMILIA EXTENSA

Número de menores a los que se les hace seguimiento en la provincia de Las Palmas es de 500 con dos trabajadores sociales y cuatro educadores, lo que no permite hacer un seguimiento adecuado ni a los menores , ni a la familia

EL SERVICIO DE JUSTICIA JUVENIL

Al inicio de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores 5/2000 el servicio tenia 11 técnicos, 5 administrativos para atender a 100 menores, en la actualidad se han suprimidos dos técnicos y tres administrativos para atender a unos 700menores con 9 técnicos, y dos administrativos teniendo el doble de casos que la provincia de Tenerife, esto esta dando lugar , dado la escasez de técnicos , a una mala atención a los menores con medidas judiciales, a una sobre carga en el trabajo, con el consiguiente perjuicio para la salud de los profesionales, lo cual repercute en una mala intervención a los menores , es decir "el pez que se muerde la cola" y esto sólo se puede solucionar con más personal

En relación con la Secretaria General Técnica manifestamos que siendo un órgano decisivo para poder dar solución a los problemas de personal, es totalmente inoperante siendo incapaces de sacar unas listas de sustituciones , teniendo en la actualidad las del 2007, algunas categorías están agotadas y son incapaces de poner en marcha el proceso de las mismas desde hace años. Nos llama la atención como esta SGT se apresuro hacer una modificación parcial de la RPT, cargándose 40 plazas de personal laboral y creando 5 plazas para funcionarios de libre designación muy bien retribuidas y también personal de confianza .

En esta modificación, tanto en funcionario como en personal laboral, todos los sindicatos mostraron su desacuerdo con la misma, no entendemos como con el visto bueno de la DGFP, Laura Maria Martín Pérez, se apresuraron a mandarla al boletín sin tener en cuenta las necesidades de esta consejería en personal, lo que nos lleva a denunciar esta situación tanto a la consejera del área de Derechos Sociales como a la DGFP, y también al,presidente como responsable final, por la falta de empatía en dar solución a las familias mas necesitadas y a los niños mas desfavorecidos

No contento con cargarse las plazas de los laborales, son incapaces de cubrir las vacantes que se producen ( jubilaciones , bajas por ILT....).

Todas estas circunstancias, generan estrés y sobre carga de trabajo sobre el resto de trabajadores.

La carencia de personal administrativo conduce a que los técnicos desarrolles las tareas de esa categoría restando tiempo para la realización de las funciones propias. Existe acumulación de tareas que se están desarrollando por personal de otras categoría.

Se considera que no existe una planificación ni efectiva ni coherente del trabajo a realizar ni de los Servicios en su conjunto, lo que en estos momento se traduce en un aumento de las condiciones de Desprotección y de la perdida de los derechos del menor y al familias en Canarias.

La disposición y distribución de los espacios de trabajo se estima perjudicial tanto para la atención a los usuarios como a su privacidad y confidencialidad

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia no requiere de planes de choque, que son parches, sino un adecuado dimensionamiento de su plantilla, y Gran Canaria no puede ser tratada como una oficina de tránsito con una disminución de jefaturas, de personal y de medios materiales respecto a Tenerife, teniendo sin embargo la provincia de Las Palmas, desgraciadamente, casi el doble de menores que atender respecto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El Comité de Empresa ha denunciado reiteradamente a sus directivos esta precariedad que soporta cada uno de los Servicios de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia en la provincia de Las Palmas, precariedad que enferma a sus trabajadores que continuamente sufren enfermedades derivadas de la sobrecarga de trabajo, presiones, etc.. Encontrándose los trabajadores continuamente desvalorados, desmotivados, y con diversas enfermedades derivadas de estas situaciones. y maltrata a la Infancia vulnerable, pero el Gobierno de Canarias mira para otro lado, probablemente porque los menores no pueden votar.

Este Gobierno vende el incremento de presupuesto para la Prestación Canaria de Inserción, Dependencia, Menores, etc..que luego no gasta y hay que devolver el dinero, como este año que se devolvió millones de euros

Entendiéndose por este Comité que a la Sra. Consejera y a este Gobierno de Canarias, ha tomado medidas unilaterales no importándole las personas que lo pasan mal en Canarias. Simplemente se acuerdan a la hora que tienen que depositar el voto con promesas que luego no se cumplen ni para la sociedad canaria ni para sus trabajadores.

Por todo lo expuesto, solicitamos con carácter inmediato, el compromiso del Sr. Victor Angel Torres de un calendario corto de fechas para dar solución a todo lo expuesto. O en su defecto la dimisión de la Consejera, la Viceconsejera, la Secretaria General Técnica y la jefa de Servicio de Personal, todos responsables de la administración y organización del la Consejería ( del caos en que se encuentra esta Consejería)