El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Educación

El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Educación por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación. El texto también deroga la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), de 2013.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha calificado esta derogación de "imprescindible", porque la LOMCE "ha vulnerado la igualdad de oportunidades" y "ha tenido efectos nocivos para el sistema educativo español".

Entre ellos, Celaá ha enumerado la pérdida de la equidad, el abandono escolar temprano "excesivo", el aumento de las tasas de repetición, el empeoramiento de los niveles de titulación en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en Bachillerato, y una matriculación en Formación Profesional "inferior a la media de la Unión Europea y los países de la OCDE".

Sin embargo, ha continuado Celaá, el objetivo de la nueva ley no es únicamente derogar la LOMCE, sino mejorar el sistema educativo español para "conectarlo plenamente con las corrientes contemporáneas educativas de la Unión Europea y de la UNESCO" y los objetivos planteados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. "Una educación para el siglo XXI", ha afirmado.

La ministra de Educación ha definido a la ley como "progresista" y ha explicado que persigue corregir las desigualdades, reforzar la equidad y la inclusión, estabilizar el sistema y mejorar los resultados, partiendo de la base de que "nadie se quede atrás".

Principios rectores de la ley

Como principios rectores transversales, la ministra ha destacado el enfoque de igualdad de género, la educación para un desarrollo sostenible, la enseñanza personalizada y la atención a las destrezas digitales. "Ya no son nuevas tecnologías, son las tecnologías con las que el alumnado va a tener que trabajar durante su vida", ha afirmado.

En educación infantil, la ley recoge las recomendaciones de la Convención de los Derechos del niño de la ONU y plantea, ha dicho Celaá, "la universalización del ciclo de cero a tres años".

Educación Primaria se organiza en tres ciclos, mientras que en Secundaria se eliminan los itinerarios de cuarto curso, de forma que cualquier opción conducirá al mismo título de graduado. "El título de ESO podrá también obtenerse desde la formación profesional básica", ha explicado Celaá.

En Bachillerato se prevé que pueda pasarse de primer a segundo curso con algunas materias suspendidas, "en número no superior a tres", ha especificado Celaá. Asimismo, se incluye la posibilidad de obtener el título final por compensación, en caso de superar todas las materias excepto una.

Isabel Celaá ha valorado positivamente que el texto aprobado haya surgido de un proceso muy participativo, con aportaciones del Consejo Escolar del Estado, comunidades autónomas, organizaciones educativas y personas a título individual. "Es un proyecto de ley muy enriquecido y muy respaldado", ha afirmado.

En este sentido, la ministra ha planteado la necesidad de lograr también un pacto entre las fuerzas políticas para alcanzar el 5% del PIB en inversión educativa, en línea con la media de los países europeos, y así garantizar "la continuidad de los recursos más allá de cambios políticos o de turbulencias económicas".

Exhumación y traslado de Francisco Franco

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha informado de que el Consejo de Ministros ha acordado concluir el procedimiento administrativo y aprobar la exhumación y traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Asimismo, el Gobierno concede a la familia un plazo de 15 días para que disponga sobre el destino de los restos mortales, con la excepción de la Catedral de La Almudena.

Delgado ha concretado que los restos de Franco no podrán ser enterrados en esta catedral por una razón de orden público y porque se incumpliría la Ley de la Memoria Histórica.

Un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid expone de forma motivada que la inhumación del dictador en ese lugar plantearía riesgos de seguridad y alteración grave del orden público, según ha explicado la ministra. Además, la ubicación de la Catedral en una de las zonas más emblemáticas de la capital podría ser utilizada como lugar de exaltación y alterar el valor de culto del templo.

La ministra ha señalado que el acuerdo adoptado hoy contempla la posibilidad de que la familia no se pronuncie sobre dónde inhumar los restos o que no realice una propuesta unánime en tiempo y forma. En este caso, el Gobierno decidirá dónde serán enterrados.

Seriedad procesal y jurídica del proceso

Dolores Delgado ha recordado que la decisión tomada hoy resuelve el procedimiento iniciado por el Consejo de Ministros el 24 de agosto de 2018 para modificar la Ley de Memoria Histórica con el fin de que "en el Valle de los Caídos no pueda ser enterrado nadie que no haya sido víctima de la Guerra Civil". En esta línea, ha dicho, el Ejecutivo acordó el 31 de agosto iniciar el procedimiento administrativo con todas las garantías legales.