El decreto para reconocer la situación de dependencia es puro maquillaje

Ante la inminente aprobación del proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento para reconocer la Situación de Dependencia y el Derecho a las Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Canarias, el personal del Servicio de Dependencia de la provincia de Las Palmas quiere desmentir la agilidad que promete el Gobierno de Canarias. Dicho personal ha presentado unas alegaciones y observaciones al citado proyecto de decreto, a través de la página web establecida para el TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA, referidas tanto al modelo de procedimiento que se quiere aprobar, como a la situación del Servicio, en cuanto a recursos humanos y organizativos.

La aprobación del proyecto de decreto no va a suponer una disminución en los tiempos de tramitación de los expedientes, sino que supondrá un incremento considerable del actual retraso que soporta el Servicio, donde el tiempo de resolución desde que el expediente entra en el Sistema hasta que se resuelve alcanza los tres años.

También se paralizará de forma inmediata la gestión de 6000 expedientes a los que habrá que requerir nueva documentación, entre otras, el informe social realizado por otras entidades locales, generando un colapso técnico-administrativo, tanto en dichas entidades como en el Servicio de Dependencia. Dentro de la gestión de estos 6000 expedientes, 3282 ya se encuentran en el proceso de citación para la valoración de dependencia. Esto implica que también se va a paralizar de forma inmediata dichas valoraciones y, por tanto, el trabajo del personal valorador que tienen asignadas estas funciones. Además, también se tendrá que iniciar un proceso de formación y de todo el personal valorador en ambas direcciones, procedimiento de valoración y PIA, ya que al encontrarse disgregado en la actualidad no podrían desarrollar las funciones que se le asignan a corto plazo. Todo ello supondrá situar a las personas dependientes y a aquellas cuya solicitud está pendiente de resolución en cualquiera de sus fases ante una desprotección y dejadez institucional absoluta.

El proyecto de decreto no simplifica el procedimiento, en realidad lo complica y desvirtúa, unificando dos fases hasta ahora claramente diferenciadas, ya que el procedimiento para la elaboración del Programa Individual de Atención (en adelante PIA) se inicia una vez se ha resuelto el Reconocimiento del Grado. Es imprescindible el mantenimiento del procedimiento en dos fases, una fase inicial para la valoración de Grado y, tras haberse resuelto el Reconocimiento de dicho
Grado, una segunda fase para la elaboración del PIA. Únicamente cuando la persona tiene reconocido el Grado de Dependencia es cuando se puede dar una información veraz y concreta al ciudadano acerca de los servicios y prestaciones a los que pudiera acceder, ya que queda supeditado al mismo.

Por todo ello, se considera que anunciar que este proyecto de decreto va a reducir los tiempos de espera supone engañar a la ciudadanía, levantando falsas expectativas. Además, la unificación del proceso de valoración de Grado y la elaboración del PIA en una sola visita domiciliaria, hace prever, en base a la experiencia profesional, que dichas visitas tendrán una duración mínima de tres horas. Se considera que esto supondrá saturar de información a la persona y a sus familiares, sin necesidad de exponerles a tal situación, ya que dicha información no es la adecuada a su realidad. Y peor aún, aproximadamente el 25% de los casos valorados resultan “Sin Grado”, por lo que en todos estos casos, se les estaría saturando de información innecesariamente.

Asimismo, se añade como preceptiva documentación hasta ahora no requerida (por ejemplo, el informe social) y se complica y alarga el proceso de presentación de la solicitud, debido, entre otros factores, a los tiempos de espera que conllevará la elaboración de los informes sociales por parte de las diferentes instituciones.

En resumen, la complejidad excesiva que requiere la presentación de la solicitud, la saturación de información a la que se somete al ciudadano y el excesivo tiempo que durará la visita presencial supone un maltrato institucional a las personas solicitantes y a sus familiares, considerando especialmente las delicadas situaciones de salud que presentan.

Estas son las consecuencias inmediatas de la aprobación del presente proyecto de decreto.

A largo plazo, tampoco parece que el proyecto de decreto vaya a suponer la vía correcta para que Canarias deje de estar de una vez por todas, a la cola de la Dependencia, cuando por una parte se desvirtúa el papel fundamental que el informe social representa para el desarrollo del PIA, en base al Grado de Dependencia, incorporándolo en el momento de la solicitud y, por otra, deja abierta la posibilidad de externalización de todo el procedimiento, excepto la resolución única y final del mismo.

Esta externalización conllevaría serios riesgos de pérdida de criterios de objetividad, equidad e imparcialidad, debido a la alta profesionalización que se debe adquirir tanto para el desarrollo del proceso de valoración de Grado, como para el posterior Trámite de Consulta y elaboración del PIA.

La Consejería pretende resolver el grave problema de déficits de recursos humanos, materiales y organizativos, no atendiendo a una dotación adecuada, sino elaborando una norma de procedimiento que no aborda dichos déficits, quedándose en una mera medida cosmética y de maquillaje.

Las debilidades y amenazas que el Servicio presenta desde la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, hace casi 12 años y, que se han cronificado en el tiempo, son principalmente la falta de recursos humanos con estabilidad laboral. Todos los equipos responsables de la gestión han realizado y se siguen realizando contrataciones temporales a través de programas de carácter temporal y/o por acumulación de tareas, tratándose de un
problema estructural y no coyuntural. Este cambio constante de personal genera la necesidad, por parte del personal técnico y administrativo del Servicio, de repetir la misma formación a personal diferente, lo que se considera ineficaz e ineficiente.

La carencia de personal, tanto técnico como administrativo, ha provocado que el personal técnico deba asumir tareas para las cuales no ha sido contratado, mermando calidad a otras fases del procedimiento.

Por último, es importante reflejar que el actual decreto de procedimiento (DECRETO 54/2008, de 25 de marzo) sería eficaz con la implementación del mismo en su totalidad y si se contara con un gestor informático de expedientes y el personal, la dotación y la .distribución presupuestaria adecuada