El órgano judicial ha apoyado, por seis votos contra cinco, el recurso del PP en el que se solicitaba que la tramitación de esta normativa, que planteaba cambios sustanciales en la elección de los miembros del Constitucional, fuera suspendida.
El Tribunal Constitucional ha votado en contra, por seis sufragios frente a cinco, de las recusaciones de los magistrados del denominado ‘sector conservador’ Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, que había sido solicitada por las formaciones políticas PSOE y Unidas Podemos.
La votación se hizo efectiva este lunes, sobrepasadas ya las 22 horas, después de una maratoniana sesión plenaria que se había desarrollado, con distintas interrupciones, a partir de las 10 de la mañana.
En un primer punto, el pleno acordó, también por seis votos contra cinco, no aceptar la petición de los dos partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, respecto a la recusación de dos miembros de este órgano judicial cuyo mandato se halla caducado, ambos englobados dentro del ‘sector conservador’: Pedro González Trevijano, quien es, a su vez, presidente del Tribunal Constitucional, y Antonio Narváez.
TRAMITACIÓN LEGISLATIVA
De esta manera, la mayoría conservadora en el Constitucional se mantuvo inalterable frente al bloque progresista, y este equilibrio de fuerzas resultó clave para que, posteriormente, el Tribunal abordara el segundo punto del orden del día, consistente en valorar la procedencia o no de la propuesta del PP de suspender la tramitación legislativa de la reforma judicial que el Gobierno logró sacar adelante, la pasada semana, en el Congreso de los Diputados, y que ahora debería proseguir su curso en el Senado.
A lo largo de este martes, la Mesa de Cámara Alta se reunirá para tomar en consideración la resolución del Constitucional y, en este sentido, suspender la tramitación de esta reforma legislativa.
SISTEMA DE ELECCIÓN
Cabe recordar que el recurso del principal partido de la oposición, presentado el miércoles de la pasada semana, reclamaba la suspensión de dos de las enmiendas de la reforma que defiende el Gobierno, concretamente las que afectan al sistema de elección de dos candidatos a formar parte del Constitucional que deberían ser designados por el Consejo General del Poder Judicial.
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