La Ley de la Vivienda aprobada por Sánchez dos días antes de las elecciones del 28 de mayo tienen los días contados, al menos en las autonomías controladas por el PP. Uno de los pilares de esta ley, la declaración de zonas tensionadas para poder intervenir sobre precios y mercado, es rechazada por la mayoría municipios que cumplen los criterios para poder ser declarados tensionados
Las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, con una clara victoria del PP en la mayoría de las autonomías han dado la puntilla a la Ley de la Vivienda, al menos en las zonas controladas por los por los populares que en su día ya anunciaron su negativa a aplicar en sus territorios esta ley. Un estudio realizado por el portal Inmobiliario Idealista, ha certificado que cerca de los 300 municipios de España, es decir, el 49 por ciento que cumplen con los criterios para ser declarados tensionados se han mostrado en contra de que se controle el mercado del alquiler y mucho menos que se declare zona tensionada.
Para declarar una zona tensionada, la comunidadad autónoma, que es competente en esta materia, debe demostrar que la carga media del coste de la hipoteca o alquiler en el prespuesto familiar, más los gastos básicos, superan el 30 por ciento de los ingresos. Asimismo, se considerará zona tensionada cuando el precio de la vivienda o alquiler haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área tensionada, un porcentaje de crecimiento acumulado al menos un 3% superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC de la autonomía correspondiente.
La Ley de la Vivienda y la necesidad de poder acceder a un piso, se ha convertido en el eje de las campañas electorales. Esta ley no solo hace referencia a la declaración de zonas tensionadas para así poder aplicar medidas de control y vigilancia, sino que también contempla otras actuaciones como gravar las viviendas vacías, creación de la figura del gran tenedor fijada en cinco o más viviendas, topar las subidas de los alquileres, actualizar los contratos de alquiler y ofrecer incentivos fiscales a aquellos propietarios que alquilen su vivienda a precios asequibles y con contratos de larga duración.
