El Comité de Huelga de la Administración General del Gobierno de Canarias, con fecha 16 de junio de 2021, elevó documento a la Comisión de Peticiones “Reconocimiento de la situación de abuso de temporalidad por parte del Gobierno Español y la Comunidad Autónoma de Canarias” cuyo resumen de su contenido es el siguiente:
“El peticionario afirma que desde hace 20 años el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias ha empleado al 40% de su plantilla en situación temporal y, por tanto, incumple la legislación española que establece que no deben ofertarse puestos estructurales ocupados por personal temporal. más de tres años. Solicita a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias que dé cumplimiento a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y reconozca la explotación de la condición de temporal en su normativa interna y que otorgue la condición de permanente a sus puestos de trabajo junto con las mismas garantías de estabilidad que tiene el personal permanente.”
La Presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, comunica a este Comité de Huelga que examinada la petición solicita a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto.
Además remite la petición a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo.
El Comité de Huelga recuerda que Canarias está a punto de recibir el dinero europeo para la recuperación de la situación económica maltrecha, tras más de año y medio de pandemia e inmersos en la sexta ola que de nuevo amenaza a la economía de las islas, el Gobierno de Canarias pone en peligro esos fondos por incumplir la normativa europea. Debido a la irresponsabilidad de este gobierno que en lugar de ejecutar un Acuerdo alcanzado con el Comité de Huelga que soluciona el conflicto a coste cero, lleva a la Administración Canaria al pago de indemnizaciones millonarias y responsabilidad patrimonial, la judicialización del conflicto que supondrá la saturación de los juzgados, las sanciones a Canarias desde la Unión Europea y lo que es más grave la afección brutal a los servicios públicos con la pérdida de recursos humanos especializados y de experiencia profesional demás de veinte años.
Por ello, no cabe duda que la intención de este Gobierno es la de acabar con los Servicios Públicos quedando abocados a la privatización de los mismos como venimos denunciando en los últimos años. Las reiteradas sentencias de los tribunales europeos reconocen rotundamente que una Administración merecedora de los fondos europeos necesariamente debe ser respetuosa con sus trabajadores y con las leyes que eviten el abuso de temporalidad.
El Gobierno de España y de Canarias debe legislar para garantizar la erradicación de la precariedad el el sector público, tal y como se ha hecho en el privado, a través de sanciones al infractor responsable de abuso. Medidas que garanticen la estabilidad laboral en el futuro y resarcir el fraude de ley reconocido de su personal tal y como compromete el Acuerdo 23A.
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