El Congreso aprueba definitivamente hoy la reforma de la ley del aborto que garantiza las interrupciones voluntarias del embarazo en centros sanitarios públicos y elimina la exigencia de autorización paterna a partir de los 16 años
Con esta reforma de la ley, el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación y, a partir de ahí y hasta la semana 21, podrá realizarse lo que se conoce como un aborto terapéutico, es decir, una interrupción por causas médicas, como malformación del feto o peligro para la vida de la madre.
Cabe recordar que la ley salió adelante en el Senado el pasado mes de noviembre con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV, Más Madrid y Més per Mallorca. PP, Vox, Ciudadanos y UPN votaron en contra.
El texto se aprobó tras un largo debate de cuatro horas en el que se presentaron dos vetos, uno de Vox y otro del PP, y 186 enmiendas. Se aprobó solo una de estas, presentada por Compromís, para que los centros sanitarios proporcionen "el método quirúrgico o farmacológico, de acuerdo con los requisitos de cada uno" e informen "a la mujer sobre los procesos y los efectos secundarios".
MURO CONTRA LOS PROTOCOLOS ANTIABORTISTAS
La Ley llega al Congreso blindada ante posibles protocolos antiabortistas como el planteado por Vox en Castilla y León. El artículo 24 de la ley recoge que las administraciones deberán "garantizar el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de esta ley y, especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo" con "la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente".
La legislación también acabará con la obligación de recibir un sobre con información antes de abortar, así como con la obligación de tener que esperar tres días a partir de la recepción del sobre para realizar el aborto.
Además, las comunidades autónomas deberán realizar un registro de todos los médicos objetores del aborto para garantizar la práctica de abortos en hospitales públicos.
La norma aprobará también una incapacidad temporal a partir de la semana 39 de embarazo y tras su interrupción, una baja por menstruaciones incapacitantes y la obligación de disponer de anticonceptivos en centros de salud y de artículos de higiene femenina en los colegios.
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