CEHAT muestra su respaldo al presidente Jorge Marichal

Ante los hechos publicados recientemente en los medios de comunicación de la sentencia de hace un año que afecta al presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, y tras haber puesto su cargo a disposición del Comité Ejecutivo de la patronal, CEHAT ha tomado la decisión, durante la reunión del Comité Ejecutivo de la misma, de mostrar su firme respaldo al presidente. Las razones que se esgrimen son las siguientes:

El Comité traslada a Marichal su deseo de que continúe al frente de la Presidencia de CEHAT, subrayando que el trabajo de Marichal al frente de la patronal ha sido ejemplar desde su nombramiento en diciembre de 2019 y, muy especialmente, durante estos meses convulsos, ya que su defensa del sector alojativo español ha estado siempre marcada por su enorme implicación y compromiso, su formación, su capacidad de liderazgo, su pasión y su tesón, que lo convierten en un perfil idóneo en la representación del sector turístico alojativo para afrontar un cargo de este calado y exigencia. El Comité Ejecutivo considera que un asunto de ámbito estrictamente personal sin relación con la representación empresarial y acaecido hace más de una década no ha interferido ni interferirá en la labor diaria de la Confederación y en la defensa de los intereses colectivos de todo el sector del alojamiento español.

CEHAT es una confederación de asociaciones empresariales que dispone de sus propios estatutos para el funcionamiento de su organización y no existe ninguna razón legal ni estatutaria que justifique apartar del cargo a un representante de la misma, por hechos de esta naturaleza. Es necesario recalcar, que la actividad empresarial y, en concreto, la administración de empresas, está permanentemente sometida a multitud de riesgos o diferencias que, en muchísimas ocasiones, se dirimen en los tribunales y no es aceptable exigir a un empresario posiciones más allá de las que los propios tribunales dispongan porque, en buena forma, ello conllevaría que ningún empresario en actividad pudiera prestarse u ofrecerse a participar en asociaciones empresariales sin el riesgo de ser sometido a un doble escrutinio, el legal -ante el que todos los españoles somos iguales- y el de su propios compañeros empresarios.