La provincia de Santa Cruz de Tenerife ha encadenado dos años consecutivos de aumento de delitos de atentado contra agentes de la autoridad, rompiendo así la racha de descensos que le situaba al margen de una tendencia nacional alcista imparable
Así, en 2022 se registraron 234 agresiones a policías nacionales y guardias civiles, suponiendo esta cifra un 0,42% más que las 233 del año anterior. Ese ligero incremento se sumó al del 10,95% alcanzado en 2021, cuando este tipo de infracciones penales, una vez superada la pandemia, dejó muy por debajo los 210 delitos de 2020.
En el caso de Santa Cruz de Tenerife, esa sucesión de aumento agresiones a Fuerzas de Seguridad del Estado de 2022 y 2021 supone romper una tendencia histórica mucho más discreta que la del conjunto nacional -como ha desvelado CEP recientemente, en 2022 se alcanzó en España la cifra récord de atentados contra agentes de la autoridad en dieciséis años- porque el impacto actual de los ataques a servidores públicos en este ámbito geográfico está muy por debajo de la cifra más alta de esa serie histórica, que se alcanzó en 2010 cuando se contabilizaron 321 delitos (un 27,1% menos que el último disponible).
Después de los descensos en esas agresiones en 2018, 2019 y 2020 los incrementos del último bienio constituyen una tendencia muy preocupante que CEP viene denunciando desde hace tiempo. Además, casi siete de cada diez atentados contra agente de la autoridad registrados en el conjunto de la provincia tienen como víctimas a policías nacionales en lo que supone una preocupante amenaza para la seguridad de nuestros compañeros y compañeras.
Por todo ello, desde CEP impulsamos de manera permanente la campaña “Tiene Delito”, que denuncia el peligroso y preocupante incremento de agresiones a los policías. Una situación alarmante que tiene que ver con la pérdida del principio de autoridad y el escaso reproche penal que tiene pegar a un agente. Y que constituye, en este momento, la principal preocupación del
colectivo policial poque quienes se dedican a proteger a los demás no se sienten suficientemente cubiertos, tanto física como jurídicamente.
Además de esta denuncia, CEP ha elaborado un documental -que bajo el título “¿Quién nos protege?”, está disponible en la plataforma Amazon Prime Vídeo- para contar una realidad generalmente oculta para el conjunto de la población. Todos los días hay policías que acaban heridos y lesionados. Y desgraciadamente, también hay héroes que caen por el camino, que fallecen en acto de servicio; o que acaban suicidándose cuando no pueden más con la presión de este trabajo. A través de los testimonios de compañeros/as de diferentes Cuerpos policiales queremos que la sociedad sepa qué realidad vivimos los compañeros en nuestro trabajo. Porque un día sales de casa para trabajar y al día siguiente puedes acabar lesionado y con secuelas de por vida. Y no hay dinero en el mundo que pague ese drama.
Desde CEP reclamamos que la profesión policial sea segura, que contemos con los medios que necesitamos y con la protección jurídica que permita que el principio de autoridad regresa al lugar de donde nunca debió desplomarse. Y proponemos una serie de medidas que pasan por el reforzamiento de normas como el Código Penal o la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana; la unificación de criterios acusatorios en toda España por parte de la Fiscalía General del Estado; la compra y distribución masiva de pistolas eléctricas y otros medios de protección e intervención; la puesta en marcha de un programa formativo integral en técnicas de autoprotección y defensa policial; o la contratación de seguros adicionales que cubren las fianzas que se exigen a los policías como consecuencia de sus intervenciones.