En primer lugar, queremos aclarar que este artículo va dirigido a aquellos padres y madres que realmente han sufrido graves consecuencias en su economía y no son capaces de hacer frente como venían haciéndolo, al pago de una pensión de alimentos.
Nuestra intención es ayudar a quien realmente lo necesita, y no dar alas a aquellos que pretenden aprovecharse de la actual coyuntura, en detrimento de los derechos de sus hijos.
Dicho esto, ¿qué debemos hacer si nos encontramos en esta situación?
Si existe una resolución judicial que nos obliga al pago de una pensión de alimentos a favor de nuestros hijos u otro familiar, no podemos dejar de abonarla o reducir la cuantía sin más, ya que si actuamos de esta forma podríamos cometer un delito de impago de pensiones recogido en el artículo 227 de nuestro Código Penal, castigado con pena de prisión para los supuestos más graves.
En el caso de que nuestras circunstancias económicas hayan empeorado sustancialmente desde que se dictase el fallo en el que se recoge nuestra obligación de pago y cumplimos una serie de requisitos, podremos solicitar al Juzgado, mediante el correspondiente procedimiento de modificación de medidas, una aminoración de dicha pensión.
Para ello es necesario que acreditemos una disminución importante de nuestros ingresos, y que esta situación será previsiblemente permanente en el tiempo, no bastando una reducción temporal o mínima.
Además, deberemos probar que esta situación se ha producido con posterioridad a la fecha en la que se dictó la resolución por la que se recoge nuestra obligación de alimentante y que no hemos influido o llegado a esta tesitura de forma intencional, siendo un hecho totalmente ajeno a nuestra voluntad.
Para finalizar ¿es necesaria la intervención de abogado y procurador?
Sí, en este tipo de procedimientos es obligatoria la intervención de abogado y procurador, y en el caso que algunas de las partes o interesados sean menores de edad o personas con capacidad modificada, también intervendrá el Ministerio Fiscal.
Si (
No(
