El círculo de Podemos en Santa Cruz de Tenerife ha exigido al Ayuntamiento la anulación de la reciente adjudicación del Servicio de Coordinación y Ejecución técnica de actividades deportivas extraescolares en centros de enseñanza infantil y primaria (CEIP) del municipio, para los cursos escolares 2017/18 y 2018/19, a la entidad mercantil “Fundación Canaria Ralons, Ralons Sport World, S.L., y Ralon School, S.L. UTE”, de la que es propietario Miguel Ángel Ramírez.
Podemos quiere recordarle al Gobierno municipal que Ramírez tiene tras de sí un largo historial de explotación laboral -Marsegur, Seguridad Integral Canaria, etc-, puesto que no cumple con los convenios laborales establecidos en materia de salarios (los sueldos son entre 400 y 500 € más bajos de lo acordado), además de retrasar los pagos de dichos salarios hasta dos meses.
De hecho, el Cabildo de Fuerteventura y más recientemente el Ministerio de Defensa a petición de Unidos Podemos, tuvieron que rescindir los contratos relativos a la seguridad de edificios públicos, sedes y acuartelamientos militares, por los continuos incumplimientos de la empresa para con sus trabajadores.
Y es que las denominadas empresas pirata son conocidas por conseguir contratos públicos al ofrecer precios extremadamente bajos, lo que luego repercute en los salarios de los trabajadores, con caídas que llegan hasta el 40%, y en el cumplimiento de las condiciones de su convenio colectivo. En este sentido, por eso el círculo de Podemos señala que “la administración pública no puede ser cómplice otorgando contratos a precios ‘de saldo’ e ignorando el hecho de que hacen imposible el cumplimiento del convenio colectivo”, y le exigen la anulación de esta adjudicación que además –subrayan- “favorecen el aumento del nivel de pobreza en nuestra Comunidad Autónoma, que como los datos demuestran una y otra vez, es ya de por sí escandalosa”.
Por otra parte, Podemos destaca también que la concesión de la prestación del servicio de actividades extraescolares a empresas privadas es una forma subrepticia de privatización de la educación, “por lo que nuestros representantes municipales y autonómicos debería acabar ya con este tipo de prácticas”, sentencian.
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